Minería ilegal entra a la Reserva Nacional Tambopata ante ausencia temporal de la policía

    Un cráter se abre entre la arena removida para formar una laguna de agua turbia. Alrededor troncos de árboles talados, cortados desde la raíz, yacen en el suelo en medio de montículos de tierra y piedras. Muy cerca se ve una tolva, un aparato de madera —muy común en la minería ilegal— que recibe el agua extraída con bombas de esa laguna de agua y barro, el material succionado se combina con el mercurio para permitir que pequeños puntitos dorados aparezcan.

    “Oro sucio”, le dicen algunos, por la contaminación que arrastra este proceso. Pero detrás de esta escena devastadora, en el horizonte, se ve una franja verde que nos recuerda que no estamos en un desierto, es la Amazonía de Perú, la región de Madre de Dios.

    Lo descrito no es un escena más de La Pampa, la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, la misma que hace un año fue recuperada por el Estado con la puesta en marcha de la Operación Mercurio. Este nuevo punto al que lograron entrar en octubre los mineros ilegales es un sector dentro de la misma reserva, un área conocida como Isla Córdova, a orillas del río Malinowski.

    Esta foto fue tomada a inicios de diciembre pasado. Días antes, el 7 de noviembre, personal de la Marina y el Ministerio Público encontró un motor operando en ese mismo espacio dentro de la reserva Tambopata. La visita se hizo a partir de las denuncias hechas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), institución que detectó en octubre la presencia de cinco motores y cuatro balsas dentro del área protegida.

    El problema es que el puesto de control desde el que la policía resguardaba la zona fue abandonado a inicios de octubre.

    ¿Qué pasó en octubre de 2019? Mongabay Latam ha podido confirmar que durante ese mes, la policía estuvo ausente en el puesto de control Otorongo, un punto estratégico dentro de la reserva para vigilar el área protegida. Esta falta de control permitió el ingreso de los ilegales a un territorio que ya había sido recuperado por las autoridades.

    La historia que presentamos está basada en información recogida de fuentes ligadas a la Operación Mercurio, imágenes satelitales y testimonios de pobladores que residen en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, los mismos que han confirmado los estragos que dejó la presencia de la minería dentro del área protegida. Mientras tanto, el Estado sostiene que la actividad ilegal dentro de la reserva se ha erradicado al 100 por ciento, como lo señaló el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el aniversario de la mencionada operación.
    Un abandono anunciado

    El 8 de octubre, el jefe de la Reserva Nacional de Tambopata, Vladimir Ramírez, recibió un mensaje inesperado: el personal policial destacado al puesto Otorongo se retiraba de dicho espacio. Otorongo y Azul son los dos únicos puestos de vigilancia y control que se encuentran dentro de la reserva.

    La vulnerabilidad de estos dos puestos fue una de las razones por las que, tras la Operación Mercurio, el Estado tomó la decisión de asignarles una mayor seguridad, es decir, no dejar la vigilancia solo en manos de los guardaparques del Sernanp sino destacar a la Policía al puesto Otorongo y a la Marina de Guerra del Perú al puesto Azul.

    Pero ese 8 de octubre, según fuentes vinculadas a la Operación Mercurio, los policías le informaron al jefe de la reserva que por condiciones climáticas se retiraban del lugar, pues no contaban con el equipo necesario para esas circunstancias. El puesto de control Otorongo es uno de los más completos que existen en la zona, cuenta con agua potable, comunicación por radio y teléfono ,e incluso dispone de vehículos para movilizarse en terrenos complicados. Con esas mismas condiciones, la Marina trabajó en el área en temporadas pasadas.

    La Policía ya había tomado una decisión. El mismo general Luis Alberto Vera, entonces director de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), había dado esa orden. Entonces, de tener un área vigilada las 24 horas del día, pasaron a dejarla totalmente abandonada. Con el río Malinowski como única barrera entre la reserva y la zona donde aún operan los mineros ilegales, el territorio quedó desprotegido.

    A los once días de la salida de la policía, los guardaparques que vigilan constantemente la zona encontraron cinco motores operando en la Isla Córdova, en la misma área de la fotografía que presentamos al inicio de este reportaje. Dos semanas después, el 4 de noviembre último, los guardaparques se toparon con cuatro balsas. La Isla Córdova había vuelto a ser la misma que antes de la presencia policial: una coladera.

    Alertados de esta situación, la Marina y la Fiscalía acordaron un ingreso para detener estos delitos y, ante la negativa de la policía de ingresar nuevamente, decidieron repartir el personal de la Marina asignado al puesto de control Azul —al otro extremo de la reserva— para cubrir ese espacio y no dejarlo sin vigilancia. Entraron el 7 de noviembre y encontraron solo un motor, las autoridades sospechan que los mineros habían sido alertados.

    Dos días después de esta operación, el 9 de noviembre, la policía retornó al puesto Otorongo. Aunque con este reingreso se pudo contener la ilegalidad en la zona, el daño ya estaba hecho. Un mes bastó para que las imágenes satelitales consultadas por Mongabay Latam pudieran detectar la pérdida de bosque. Los expertos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de la ONG Conservación Amazónica, detectaron que hubo un claro cambio de suelo en un espacio cercano a la Reserva Nacional de Tambopata y un registro más pequeño de invasión dentro de ella. Esto se observa cuando se comparan las imágenes de inicios de setiembre, cuando aún estaba la policía, con las de octubre, cuando el personal se retiró del área.

    Frente a esta información, Mongabay Latam consultó las versiones de las autoridades. Sernanp señaló que solo podían confirmar que hubo una rotación del personal de la Policía y no podían precisar cuánto tiempo pasó entre la salida de un grupo y el ingreso del otro. También se les preguntó sobre la presencia de mineros ilegales en la Isla Córdova durante octubre e inicios de noviembre, pero prefirieron no responder esta pregunta.

    Pero el representante del Ministerio del Ambiente dentro de la Operación Mercurio, Leonardo Caparrós, sí precisó que la información que obtuvo de la policía fue que no se pudo operar por las lluvias. La fiscal especializada en materia ambiental, Karina Garay, respondió lo mismo: “Cuando la policía nos informó de su retiro, entendimos que era porque estaba la zona controlada. Sin embargo, luego nos informaron que no tenían las condiciones para operar, que el río había crecido y no tenían implementos para actuar en esas circunstancias”.

    Sin embargo, la Policía tenía más información que dar. Cuando Mongabay Latam conversó en diciembre con el entonces jefe en Madre de Dios de la Policía de Medio Ambiente, que lidera las acciones de la Operación Mercurio, Coronel PNP Luis Guillén, este confirmó que las condiciones metereológicas no eran las ideales para que el personal permanezca ahí y que la decisión de replegar al personal fue del general Luis Alberto Vera, quien dejó el cargo a fines de noviembre.

    “La crecida del río y las lluvias no han permitido que el trabajo sea como nosotros lo planeamos”, señaló en ese momento el coronel Guillén. Y agregó que habían coordinado con Sernanp el ingreso de dos botes y una balsa para movilizar al personal. Volvimos a conversar con el coronel Guillén, ahora director de Inteligencia de la Policía de Medio Ambiente, y confirmó que hasta ahora Sernanp solo les ha entregado una balsa, la misma que solo les sirve para cruzar del puesto de control a la zona de amortiguamiento. Sernanp no declaró sobre el tema.

    Guillén aseguró a Mongabay Latam que esta balsa es insuficiente para el tipo de trabajo que realiza la policía en la zona y que Sernanp estuvo al tanto de la salida de la Policía en octubre, justamente, por este problema logístico. “En el puesto Azul que es liderado por la Marina sí hay equipos para operar, pero en Otorongo no hay botes”, comentó la autoridad policial. Esta falta de equipos repercute directamente en el área protegida.
    La minería que sigue carcomiendo el bosque

    En los alrededores del kilómetro 100 de la carretera Interoceánica, donde hace una década comenzó la minería ilegal, quedan pocas huellas de lo que alguna vez fue un bosque frondoso, con riachuelos cristalinos y peces como los sábalos y bujurquis nadando a sus anchas. Tampoco montes donde habitan venados y picuros. Cuando cierra los ojos, Alejandro* asegura que aún puede recrear esos espacios, aunque el olor a mercurio y tierra maltrecha lo traen rápidamente de vuelta a la realidad.

    La devastación en la zona, que se intensificó en el 2011, no es ningún secreto para él. Desde la misma carretera se puede observar el arenal que se extiende por varios kilómetros. Pareciera un lugar que ya fue exprimido y abandonado por los delincuentes, pero Alejandro asegura que aún siguen ingresando a extraer oro.

    Hemos encontrado a Alejandro en la misma carretera, arreando el ganado que tiene con su padre. Confiesa que constantemente recibe presiones de los mineros ilegales, pues han intentado varias veces invadir sus tierras. “Luego de tantos años sigo teniendo miedo a lo que me puedan hacer”, dice Alejandro. Es por ello que nos pide no revelar su nombre. Esto describe la sensación de temor y vulnerabilidad que aún existe en la zona un año después de la Operación Mercurio.

    “A mí me han secuestrado tres veces”, cuenta Alejandro, como quien narra el menú del día. Asegura que lo han torturado, que una vez lo agarraron a golpes para que cediera su terreno y el de su padre a los mineros ilegales. “He peleado con uñas y dientes para que no me invadan. Hasta mis vecinos han cedido, pero yo no”, dice mientras camina con un andar cansino por el arenal.

    Llegamos a lo más alto de un gran montículo de arena para observar mejor el impacto de la minería. En el camino hemos visto huellas de vehículos, lo que demuestra que aún se registran ingresos a la zona. Alejandro señala una franja verde de árboles a lo lejos. “Ese es el bosque que aún no nos han quitado”, dice. El resto del terreno, donde solían haber árboles, ahora es un desierto.

    Lo más grave para él es que la actividad ilegal se desarrolle alrededor de la base Mega 12, una de las que se implementó como parte de la Operación Mercurio, la única bajo el mando de la policía y situada dentro de la zona de amortiguamiento. “Hace semanas que no hacen operativos”, nos dijo Alejandro cuando hablamos con él a fines de 2019. “Y si los hacen, la gente ya sabe que van a venir. Cuando entré vi más de diez motores operando, pero cuando hay operativos, solo encuentran uno o dos. Hay un informante que pasa el dato y cobra S/ 250 por motor que puede esconderse”, cuenta Alejandro.

    La misma versión ofrece Silvia*, también pobladora de la zona de amortiguamiento, desde otro sector de la carretera Interoceánica. “La minería ha bajado, pero solo un 50 por ciento, lo que para nosotros no es nada, es como seguir con eso”, detalla Silvia. Ella ve todos los días cómo salen las personas con ropa de trabajo de la minería y cómo los riachuelos que rodean su territorio siguen turbios. “Si ya se hubieran detenido los trabajos adentro, aquí el agua ya sería clara, han pasado nueve meses”, cuenta.

    Silvia comenta que los mineros ilegales tienen informantes que les advierten cuándo se realizarán los operativos. “Les pagan en dinero o en oro, de 8 a 10 gramos, cada vez que informa a un grupo”, señala. El gramo de oro se vende a 150 soles (US$45) aún en varios lugares clandestinos ubicados a lo largo de la carretera, indica Silvia.

    Frente a estas acusaciones, el coronel PNP Luis Guillén respondió que sí se realizaban operativos alrededor de la base policial Mega 12. Él negó que la policía no esté operando y agregó que en octubre salieron por lo menos tres veces a campo con el saldo de dos motores destruidos.

    Sin embargo, Mongabay Latam reunió las coordenadas donde las fuentes señalaron que aún persistía la minería ilegal, muy cerca de la base Mega 12, y lo que encontró es que entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre de 2019 hubo un cambio sustancial del suelo, un claro aumento de la deforestación en el área.
    Repensando la Operación Mercurio

    La visita más reciente de autoridades nacionales a la zona de La Pampa, el cinturón que debería proteger la reserva Tambopata, fue la semana pasada. Llegó el Presidente de la República Martín Vizcarra, acompañado de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, y el jefe del Sernanp, Pedro Gamboa. El acto incluyó la siembra de plantones, símbolo de que una nueva etapa ha comenzado en La Pampa.

    “Hemos recuperado al 100 % este espacio (…) de las garras de la minería ilegal”, indicó el presidente Vizcarra y añadió que es “una de las decisiones más importantes” que ha tomado su gobierno.

    Este es un discurso que autoridades policiales, militares y ministros repiten. Sin embargo, en noviembre pasado, el ministro de Defensa, Walter Martos, fue un poco más realista: “Gran parte de La Pampa ya está controlada, hay uno que otro incidente porque ellos durante la noche están saliendo a hacer operaciones ilegales, pero son contenidas por las Fuerzas Armadas y la policía. No hay más deforestación en la zona”. Lo que demuestran las imágenes y testimonios que ofrecemos en este reportaje pintan un escenario distinto dentro de La Pampa y la reserva Tambopata.

    Las imágenes satelitales tienen una correspondencia con los testimonios que Mongabay Latam ha recogido a lo largo de 2019 e incluso en este 2020 en la zona de amortiguamiento. Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, es uno de los que encabeza la lucha de los pobladores que trabajan legalmente dentro de la zona de amortiguamiento del Tambopata. Para él, la Operación Mercurio ha tenido “un resultado positivo parcial”. “Se logró desalojar buena proporción de ilegales ubicados en La Pampa, pero los que aún quedan son los ‘duros’, la gente con mucho dinero que maneja las mafias y permanecen”, comenta.

    Zambrano asegura que diariamente, además, reciben denuncias de los miembros del comité sobre invasiones de ilegales en sus terrenos; estas amenazas han sido comunicadas al relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, en enero de este año. Para el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata todavía “se necesitan ajustes en los puestos de control, sobre todo los liderados por la policía —como Otorongo y Mega 12—, para mayor efectividad”.

    El defensor del pueblo en Puerto Maldonado, Guimo Loaiza, también ha recibido en los últimos meses a ciudadanos que han comentado su preocupación por la forma en la que los ilegales se enteran de los operativos policiales y militares. “Los escuchamos, pero por ahora no podemos formalizar una denuncia porque los denunciantes tienen miedo a represalias”, indicó Loaiza.

    Para Luisa Ríos, coordinadora regional de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), que también forma parte del comité de gestión, se han alcanzado resultados importantes en estos nueve meses de la Operación Mercurio, como el inicio del retiro de los ilegales y el comienzo del proceso de formalización, pero cree que se debería revisar si los resultados coinciden con lo planificado para poder reforzar algunos aspectos.

     

    “En términos generales considero que puede mejorar la identificación de los efectos que genera la intervención en La Pampa, es decir, a dónde se desplaza la actividad ilegal que ha salido de esta áreas. Un buen termómetro de cómo avanzan las cosas es la opinión de la población que vive en las zonas cercanas a la intervención y se debe mantener el contacto con ella”, agrega Ríos.

    Leonardo Caparrós, representante del Ministerio del Ambiente en la Operación Mercurio, le dio a Mongabay Latam que aunque el plan se encuentra ya en una etapa de consolidación y sostenibilidad, hay aún aspectos por mejorar. “Vamos a establecer bases con mejores condiciones para las Fuerzas Armadas y la policía para que no sean campamentos, sino bases con mayor permanencia”, señaló en diciembre.

    Mientras tanto, el coronel PNP Guillén indica que en las bases ubicadas en La Pampa se vive una situación de “precariedad” que debe ser resuelta pronto. “Estamos hace un año en esas condiciones, trabajando sobre los que fueron campamentos de mineros ilegales”, comentó.

    Frente a las denuncias de problemas en las bases policiales, Caparrós responde que en las bases mixtas —donde operan las Fuerzas Armadas, la policía y el Ministerio Público— se han tenido buenos resultados, por lo que se está evaluando reforzar las bases que solo son policiales con personal militar. “Hemos transferido un millón y medio de soles (US$ 450 mil dólares) a la Marina para la planificación del 2020. Esperamos poder reforzar esos controles”, le dijo a Mongabay Latam.

    Caparrós agregó, por otro lado, que son conscientes del ‘efecto globo’ —la migración de la actividad a otras zonas— como consecuencia de las interdicciones dentro de La Pampa, pero que están realizando acciones de control en cuanto reciben una denuncia.

    “El espacio es enorme y es difícil pensar que vamos a tener un 100 % hasta no generar una reforestación. Para proteger el espacio hay que ocuparlo y son 20 mil hectáreas”, concluyó.

    Mientras tanto, Alejandro, que llegó con sus padres desde Puno a los tres años de edad, hace ya 50 años, es uno de los que guardan en la memoria lo que alguna vez hubo allí, bosques que hoy han sido reemplazados por arena y agua contaminada.

     

    MONGABAY LATAM

     

     

     

     

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