Debilitamiento de la institucionalidad ambiental traería mayor número de conflictos sociales para el 2018

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2017 ha sido un año peculiar para el sector minero: nuevas tendencias se han abierto camino, y anuncian una reconfiguración para el 2018. Este año cierra un periodo excepcional de baja conflictividad social -reportándose 171 conflictos a noviembre- pero el Gobierno aprobó -casi de manera desapercibida- uno de los mayores recortes de los estándares ambientales de los últimos 10 años, según documenta el 21ºInforme del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM). "En este período se han preparado las condiciones para un debilitamiento de la institucionalidad ambiental que apuntan a sembrar una mayor conflictividad social", afirma José De Echave, director del OCM.

Tras cuatro años de caída en las concesiones mineras, este ciclo parece estar concluyendo y se podría estar iniciando una nueva etapa en la que se incremente la superficie concesionada, actualmente del 14% del territorio nacional. Los factores que explicarían esta tendencia serían la recuperación de los flujos de inversión, sobre todo en exploración, y la política de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Esta recuperación de las cotizaciones de algunos minerales como el cobre y el zinc desató entusiasmo en el sector empresarial, sin embargo, el reporte de OCM dibuja un escenario con proyecciones económicas más modestas, como el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoce, pues prevé un crecimiento con tendencia a la baja en el sector, para el periodo 2018-2021 que alcanzaría el 2,6%.

"El promedio de este periodo está muy lejos del crecimiento de dos dígitos de los últimos tres años. Todo indica que no llegarán a los niveles alcanzados en la década pasada", afirma De Echave. Además, a diferencia de las décadas pasadas, la actual cartera de inversiones mineras no tiene proyectos de talla mundial; en la actualidad los más relevantes son Michiquillay (Cajamarca) y Quellaveco (Moquegua) que no superan los 3 mil millones de dólares cada uno, proyectos cuya maduración tomará su tiempo debido a los problemas financieros por los que atraviesa la minera anglo sudafricana Anglo American.

Sobre la situación en Cajamarca, Mirtha Vásquez de Grufides resaltó los conflictos que podrían desatarse a causa del proyecto Michiquillay, debido al modelo que ha planteado el Estado de fondo de inversiones adelantadas en beneficio de las comunidades. "Durante el tiempo que se estuvo tocando el tema del fondo, ya se ha tenido como resultado una comunidad absolutamente dividida y concentrada en el problema de la repartición del dinero de los fondos". Otra de las causas que posibilitan un conflicto es el rechazo que ha generado el proyecto en las comunidades que serán impactadas ambientalmente, quienes han reaccionado e iniciado un proceso de resistencia basado en cuestiones netamente ambientales. "El Presidente Regional y las rondas campesinas han anunciado que el mismo día en el que se estará produciendo la licitación, en la región habrá fuertes movilizaciones en rechazo a la ejecución del proyecto", menciona la vocera de Grufides con preocupación ante la inacción del Estado para prevenir la posible situación de conflicto.

Otra novedad que reporta el informe OCM es que después de mucho tiempo, la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad social, siendo Ancash la que encabeza la lista, con conflictos en torno a Barrick y Antamina. Mientras, la macro región sur sigue siendo la de mayor relevancia para la actividad minera, pues concentra la principal dinámica productiva de cobre, estaño y varios otros minerales, asimismo allí se ubica el 50.7% de la cartera de proyectos de inversión liderada por Antapaccay, Constancia, Cerro Verde y Las Bambas. 


Con respecto a la conflictividad social, David Velasco, miembro de la Fundación Ecuménica Para el Desarrollo y la Paz, Fedepaz, señala que resulta fundamental establecer una política que se enfoque en la prevención de conflictos. "Es un desafío del Estado establecer una política que, a mediano y largo plazo, pueda manejar adecuadamente los conflictos y los prevenga, pero basada fundamentalmente en el diálogo y en la no priorización de acciones de fuerza." 

Debilitamiento de la institucionalidad ambiental

La Resolución Ministerial Nº276-2017 es una de las normas que marcará el devenir del escenario minero y social del 2018. Esta norma permite que la exploración minera de un grupo de proyectos se pueda realizar sin el requisito de evaluación y certificación ambiental de los impactos de sus operaciones, tal y como prevé el Sistema Nacional de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA). "Ahora fuera del SEIA, no queda claro cómo el MINEM analizará el nivel de los impactos. Esta norma resulta de especial preocupación para los proyectos de exploración que se lleven a cabo sobre territorios de comunidades campesinas, nativas y de pueblos indígenas", sostiene De Echave. "El Ejecutivo ha optado por eliminar trámites, cediendo ante la presión de un sector del empresariado que todavía ve a los estudios de impacto ambiental como obstáculos para el desarrollo de sus emprendimientos", añade.

Asimismo la intensa campaña iniciada por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en contra de la protección de las cabeceras de cuenca- tomando como pretexto la promulgación de la Ley Nº30640- ha hecho saltar las alarmas, pues agravaría la ya difícil situación de Perú que además de ser uno de los 10 países más vulnerables frente al cambio climático, sufre de una desigual distribución del recurso hídrico.

La desregulación ambiental podría traer consigo un nuevo incremento de la conflictividad social si las comunidades no sienten que sus derechos son adecuadamente garantizados por las autoridades, más aún si continúa la tendencia al crecimiento de las inversiones y del territorio concesionado. Todo ello, en el marco de la poca voluntad del Gobierno por retomar espacios de diálogo –como en el caso de Las Bambas- y la ausencia de una estrategia ante los conflictos, lo que ha quedado evidenciado en los cambios en el viceministerio de gobernanza territorial, creado este año.

Por otro lado, el informe OCM alerta del avance e impacto de la minería ilegal, especialmente en dos regiones. En Madre de Dios entre el 2015 y 2017, se han deforestado 1,570 hectáreas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene y en la Reserva Nacional de Tambopata se habrían deforestado unas 490 hectáreas. Asimismo en Amazonas, esta actividad opera impunemente y se va expandiendo sobre los ríos Cenepa, Santiago y Marañón, así como sobre la Cordillera del Cóndor, generando una grave contaminación de las fuentes de agua, deforestación y una grave afectación a los ecosistemas.

 

 

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