Cuestionan norma que permite abrir vías en la selva de Ucayali

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Una proyección de carretera penetra una porción de la selva de Ucayali en la provincia de Purús, uno de los bosques más biodiversos del mundo y hábitat de población indígena en aislamiento o en contacto inicial.

 

La línea UC 106, incluida en el clasificador de rutas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (aprobado durante el gobierno de Ollanta Humala), representa en escala real un camino de 37.118 kilómetros de longitud que une Puerto Esperanza (capital de Purús) con Iñapari, en Madre de Dios. Esta proyección, que no cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura (Mincul), está a un paso de convertirse en ley.

 

El 7 de diciembre, el pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen del proyecto de ley 1123, presentado por el congresista de Fuerza Popular Glider Ushñahua. La iniciativa declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en las zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en la región Ucayali. De acuerdo a Ushñahua, con la conectividad terrestre se mejorarán el comercio y el desarrollo de la región, debido a que hacen falta vías de comunicación.

El Comercio trató (durante varios días) de contactarse con el congresista Ushñahua para ampliar los fundamentos de su dictamen, pero no obtuvimos una respuesta.

 


El texto aparenta ser en fondo y forma una extensión del proyecto de ley 075 planteado en octubre del 2016 por Carlos Tubino, también congresista de Fuerza Popular. Su iniciativa, que proponía en un inicio declarar de interés nacional la interconexión terrestre de la provincia de Purús, se aprobó finalmente con varias modificaciones, debido a los cuestionamientos y aportes de organizaciones e instituciones competentes como el Sernanp y el Mincul, que advertían una vulneración de zonas protegidas y los derechos de los pueblos que las habitan.

 

La solución fue aprobar un sistema de conexión multimodal (que combina el uso de la vía fluvial con las carreteras existentes en el lado brasileño) para salvaguardar la intangibilidad de los territorios indígenas.

 

A diferencia del trámite del proyecto de ley de Tubino, este dictamen no fue consultado ni recibió los aportes de los sectores competentes en el tema ambiental ni de organizaciones que agrupan a pueblos indígenas. De hecho, pasó al pleno tras la aprobación de la Comisión de Transportes y, pese a su pedido, no fue enviada a la Comisión de Pueblos Andinos.

 

Esta vez, las únicas entidades que dieron su opinión técnica fueron el MTC, el MEF, el Gobierno Regional de Ucayali y el Colegio de Ingenieros del Perú. El MTC sostuvo que el dictamen solo debía ser aprobado si contaba con el financiamiento correspondiente, mientras el MEF respondió que no era de su competencia pronunciarse sobre declaraciones de necesidad e interés nacional.

 


Días antes de su aprobación, el Mincul envió un documento al presidente del Congreso en el que detalló las razones por las que considera que la iniciativa es inviable. Una de sus conclusiones es que no toma en cuenta el marco jurídico establecido para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, contacto inicial o demás poblaciones de comunidades nativas.

 

El sector precisó además que en las zonas de frontera de la región se ubican las reservas indígenas Isconahua, Murunahua y Mashco Piro, cuyos territorios podrían ser objeto de superposiciones con el posible trazo de rutas para la construcción de carreteras, que vulnerarían el carácter de intangible de esos territorios.

 

“En la mayor parte de la frontera de Ucayali, hay presencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que son sumamente vulnerables. La normativa del país nos demanda respetar su derecho al aislamiento de agentes externos”, indicó a El Comercio Lorena Prieto, directora de Pueblos Indígenas en Contacto Inicial y Aislamiento (Piaci) del Mincul.

 

Otro de los riesgos que advirtió Prieto es que las futuras carreteras resulten puertas abiertas para actividades ilegales como el narcotráfico y la tala ilegal. Con esa idea coincidió el investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) Carlos Trinidad, quien subrayó que otras experiencias han demostrado que sin estudios que proyecten las consecuencias sociales y ambientales, las vías pueden terminar promoviendo ilícitos, como fue el caso de la carretera Interoceánica en Madre de Dios.

 

Arsenio Calle, jefe del Parque Nacional Alto Purús, dijo a este Diario que con este dictamen se alienta la proliferación de vías en este ámbito que va en contra de la norma aprobada por el Congreso respecto al uso del sistema multimodal.

 

Julio Cusurichi, presidente de Federación Nativa de Madre de Dios, cuestionó también el dictamen y recordó que los pueblos en aislamiento Mashco Piro, Yora y Amahuaca son beneficiarios de una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que demandó al Perú garantizar la protección de su vida e integridad.

 

El dictamen que será remitido al Ejecutivo puede ser observado o promulgado. Cultura ha adelantado que solicitará su observación por los errores de forma y fondo expuestos.

 

Proyección del clasificador de rutas del MTC
La vía UC106 es una proyección de una futura carretera que pasaría por la región Ucayali y que atraviesa la zona intangible del Parque Nacional Alto Purús.

 

Antes de la aprobación del dictamen, el MTC indicó que no puede modificar unilateralmente la información del clasificador de rutas debido a que se basa en data remitida por los gobiernos regionales, en este caso el de Ucayali.

 

Al igual que en el caso del UC106, la SPDA ha advertido que hay por lo menos otras dos proyecciones de carreteras que afectarían áreas naturales protegidas o reservas indígenas, como el caso del PE 5S, que afectaría a los pueblos Mashco Piro, Mastanahua y Nanti, entre otros, y la ruta vial MD104, en Madre de Dios, que es una prolongación de la ruta UC106, que conecta esta región con la zona de Iñapari, límite con Brasil.

 

 

 

EL COMERCIO

 

 

 

 

 

 

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