Fiscalía absorberá casos de brasileñas del interior del país

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Unas 30 investigaciones de presuntas irregularidades en obras de empresas brasileñas en el Perú evalúa el fiscal Hamilton Castro para incluirlas en el megacaso Lava Jato, que tiene a cargo. Hasta ahora, estas investigaciones se realizan en fiscalías de diferentes regiones del país, incluyendo Lima.

Luego de que Castro recibió el encargo de investigar las corruptelas de las empresas brasileñas en el país, se pidió a todas las fiscalías un reporte de los casos que involucren a estas compañías.

 

Algunos deben trasladarse a su despacho para poder mejorar resultados y no duplicar indagaciones.

 

“Algunas podrían pasar al despacho del equipo especial, pero evaluando. Si alguna recién ha empezado, si es muy compleja o tiene mucha relación con algún caso que se está viendo acá, entonces sí. Pero si no, ya se queda en su fiscalía de origen”, comentó una fuente del Ministerio Público.

 

De todas las investigaciones, la mayoría se hacen en fiscalías de Lima o que tienen competencia supraprovincial, es decir, sobre todo el país.

Estos casos tienen que ver con el gasoducto del sur, el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, el alcalde Luis Castañeda, su antecesora Susana Villarán, Ecoteva, el ex mandatario Alan García, entre otros personajes y proyectos. Y es que no todo ha sido centralizado aún en la Fiscalía del megacaso Lava Jato, que encabeza Castro.

 

Fuera de Lima se han detectado 11 investigaciones: una en Callao, dos en Áncash, cinco en fiscalías del Cusco, una en Lambayeque y otra en Madre de Dios. Algunas son sobre hechos relacionados con un mismo proyecto. Por ejemplo, en Cusco, dos fiscalías indagan denuncias sobre una obra para mejorar la Av. Evitamiento y otras tres sobre hechos vinculados al proyecto para modernizar el Hospital Lorena, en distintas etapas.

 

Pueden haber investigaciones sobre empresas brasileñas en el interior del país que aún no han sido detectadas. Hasta ahora, Castro ha recibido reportes de algunas fiscalías.

 

Una caso reportado que ya pasó al equipo especial de Castro es el de la Costa Verde del Callao. Pasó de una fiscalía chalaca con 11 funcionarios del Gobierno Regional en la categoría de investigados. La Procuraduría para el caso Odebrecht evalúa pedir incluir al gobernador Félix Moreno.

 

 

También arbitrajes

Algunos conflictos con empresas brasileñas están en arbitrajes, es decir, en una suerte de juicios privados. En estos casos las compañías brasileñas reclaman pagos al Estado.

 

En el Cusco, la brasileña OAS ganó la buena pro para construir el Hospital Lorena pero el gobierno regional rescindió el contrato alegando que la empresa incumplió los plazos. OAS ha interpuesto 12 arbitrajes exigiendo a la entidad regional 2 mil millones de soles como compensación.

 

Otra obra para los cusqueños es la avenida Evitamiento, a cargo de Odebrecht. La brasileña entabló un arbitraje reclamando al gobierno regional 63 millones de soles por supuestos trabajos adicionales no previstos en el expediente.

 

En Arequipa, la carretera Costanera fue encargada a un consorcio integrado por Odebrecht. Hay tres arbitrajes por 30 millones de soles contra Provías, del Ministerio de Transportes, sobre pagos por supuestos avances aún pendientes de aprobación.

 

En el norte está el proyecto Alto Piura, del que salió Camargo y Correa hace dos años. En La Libertad, Odebrecht fue retirada del proyecto de irrigación Chavimochic III.

 

En Lambayeque, el proyecto Olmos es realizado por H2 Olmos y Trasvase Olmos, subsidiarias de Odebrecht. Su venta fue paralizada al arreciar el megacaso Lava Jato.

 

 

Barata solo tiene categoría de investigado en caso donde alega que el delito ya prescribió

El ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata sostiene que el delito de tráfico de influencias por el que está denunciado en el caso de la Interoceánica Sur, ya ha prescrito. Por tanto, pide ser retirado de este proceso, en que también está denunciado el ex presidente Alejandro Toledo por el supuesto favorecimiento en la concesión de los tramos 2 y 3.

 

La Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht pidió a la Fiscalía que también pase a Barata a la categoría de investigado por colusión, un delito más grave para prescribir, en el caso del Metro de Lima, licitado en el gobierno aprista. La Fiscalía ha comunicado que amplía la investigación por el delito de colusión a los ex funcionarios Edwin Luyo, Jorge Cuba y Mariella Huerta. Barata delató el pago de coimas para beneficiar a Odebrecht la entrega de esta concesión. Sin embargo, no dice la Fiscalía que haya aceptado pasar como investigado por colusión también a Barata, supuesto corruptor.

 

La Fiscalía señala que “las imputaciones penales dentro de la investigación preparatoria es un deber-derecho del Ministerio Público, de acuerdo con una estrategia ordenada y eficaz que solamente puede ser definida por el titular de la acción penal, de lo contrario los objetivos planteados dentro de la estrategia fiscal podrían verse afectados”.

 

 

 

 

 

 

LA REPUBLICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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